Perdieron: Ningún engendro constitucional de las derechas será legítimo

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La del ochenta es pinochetista; la que fue rechazada fue en su origen una afrenta a los métodos democráticos. De A a Z, esta última fue cuoteada y manipulada por la partidocracia. Del PC a los Republicanos. Por lo mismo rechazada. Una derrota de la elite política en su conjunto. Y por donde se lo mire el proyecto constitucional que presentó el Consejo Constitucional fue una sistematización de las posiciones de ultraderecha liberal. Mientras que el pueblo activo en sus diversas formas de manifestarse ha dejado en claro que quiere un país donde la salud, la educación, la vivienda y las pensiones sean considerados derechos sociales públicos de acceso universal y gratuitos. Con igualdad de género como se debe, e incluso que sea posible que la libertad de expresión popular tenga sus propios medios, y el derecho a la información veraz y pertinente sea de preocupación pública.

Los pueblos no bajan la guardia para que las elites se arrellanen en sus confortables dietas parlamentarias. Se requiere un entramado institucional para que la gran mayoría trabajadora y las diferentes minorías sociales tengan sólidos derechos garantizados por el Estado. Una nueva Constitución con justicia fiscal que sea progresiva en lo tributario. Una carta fundamental donde los pueblos autóctonos se apoyen en el principio reconocido internacionalmente de autodeterminarse en lo institucional. Y, por sobre todo que esté claramente escrito lo que es una urgencia civilizatoria fundamental; un país basado en la ayuda mutua de sus ciudadanos y apto a protegerse del cambio climático de manera justa.

Era una visión defensora de la idea neoliberal conservadora del individualismo posesivo, que no establece diferencias entre los grandes propietarios del capital y las riquezas con las condiciones de vida del ciudadano común, la que atravesaba la propuesta del Consejo Constitucional dominado por las derechas ultras. Era imperativo votar En Contra para impedir el reforzamiento del poder de la oligarquía empresarial y del neoliberalismo conservador. Por lo tanto, habrá que continuar con un nuevo proceso de estirpe popular y democrático para dotarse de una Constitución a la altura de las urgencias de los tiempos presentes. La que existe no puede ser un premio de consuelo para elites políticas esmirriadas.

Es como si muy poco hubiera cambiado desde la caída de la dictadura. Es una percepción legítima que se basa en evidencias. El único impulso vino desde las jornadas de octubre 2019 que liberaron las energías ciudadanas acumuladas durante años de abusos y de malestar social. Luego las elites pactaron y abrieron paso a la posibilidad de un nuevo cuerpo legal. El plebiscito del 17 de diciembre de este 2023 se realizó en un contexto particular: la reinstalación de casos de corrupción de las instituciones públicas de la actual Constitución; del bloqueo por parte de las derechas parlamentarias del proyecto de justicia fiscal y tributaria. Y, por supuesto, de incapacidad de la coalición gobiernista, conducida por el espíritu de la ex Concertación, para satisfacer las demandas instaladas por las luchas populares desde la llamada transición. La falta de voluntad es flagrante.

Es en este marco que la Policía de Investigaciones (PDI) acaba de detener  el jueves 14 pasado, por el caso “Fundaciones”, a dos exmilitantes prominentes de Revolución Democrática — el partido de Giorgio Jackson, constructor del Frente Amplio y de su ideología centrista que le dio la espalda al proyecto de transformación social y política profunda del movimiento estudiantil. Es de esperar que cuando sean detenidos los cabecillas del escándalo, o más bien el complot de corrupción con compra de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), por un grupo de abogados y de empresarios, la ministra Camila Vallejo, dirigente del Partido Comunista, declare lo mismo: “Valoramos este avance de la justicia (…) Todo avance en esta investigación es un golpe a la corrupción”. Este último escándalo de corrupción demuestra que, al contrario de lo que expresaba Ricardo Lagos, las instituciones no funcionan cuando se trata de combatir la corrupción. No por algo la prensa mercurial ha designado el escándalo de sobornos y coimas (Hermosilla-Sauer-Villalobos) que sacude al empresariado, la profesión de abogados el SII la CMF, con el eufemismo de “caso audios”. Precisamente, para evitar llamar la atención sobre el funcionamiento perverso de dos de las instituciones que, en una democracia, donde el poder de los mercados es abusivo, tendrían que hacer su pega.

El impacto negativo — que genera indignación popular — de los negociados de las elites empresariales para moverse sin escrúpulos está anclado en la subjetividad pública. Estas prácticas fueron normalizadas por la constitución Pinochet-Lagos. Pues es ella la que en última instancia organiza las prioridades legales. Ésta legitima el funcionamiento propio del modelo neoliberal. Allí donde el poder económico-político del dinero manda. Esta dinámica que favorece al gran capital nacional y extranjero ha sido una constante desde el término de la dictadura. Y el engendro rechazado de constitución de las ultraderechas no era más que una sistematización legal de todo lo que podría pavimentar el camino al poder de los mercados, junto con una concepción conservadora-liberal del individuo y de las relaciones sociales. Se buscaba legitimar aún más el robo de las AFP y el abuso de las Isapres en la salud privada. Además, se intentaba golpear al movimiento de mujeres para imponerles un retroceso legal.

Recientemente, una editorial de El Mostrador afirmaba con elocuencia: “Es necesario enfatizar que el caso Hermosilla no solo evidencia la transgresión de reglas de mercados financieros o delitos de evasión tributaria, sino también actos corruptivos que generan la porosidad del sistema. Esto puede permitir el ingreso de dineros ilegales provenientes de mafias internacionales y del crimen organizado transnacional. De alguna manera, la institucionalidad se vuelve feble para prever y controlar las transgresiones.”

De lo que se desprende que los tribunales no han sido severos con los capitales financieros transgresores de las normas. Recordemos el caso Penta donde los propietarios acusados de fraude fueron condenados a cursillos de ética de los negocios, mientras que los detenidos del 18/O pasaron meses en detención sin juicio ni pruebas. Y todo el debate condensado en las propuestas de la Comisión Engel quedaron en letra muerta. Y no así en la memoria de amplios sectores de ciudadanos, conviene insistir. De nada han servido las recomendaciones de la mencionada comisión de ética, sin penas severas para castigar a los delincuentes de cuello blanco y corbata. Tampoco el Colegio de Abogados ha intervenido para darle un barniz de ética a la institución que debería regular el comportamiento de abogados como Hermosilla.

Y en un contexto internacional de guerras y de militarización de las economías y sociedades, el olvido de las prioridades civilizatorias como lo es el tomar medidas urgentes para enfrentar la catástrofe ecológica que se avecina es el camino escogido por los gobiernos de derecha. Más grave aún es el hecho que, contraviniendo a la evidencia ecológica, el gobierno de Chile ha preferido sucumbir a las presiones empresariales y retomar la retórica del “crecimiento” a secas en lugar de una campaña efectiva contra el calentamiento global. Postura racional que obliga tener el coraje de un cambio de paradigma. Cabe, eso sí, celebrar la posición justa por un cese de las hostilidades de Chile en la guerra que opone de manera abierta, desde hace 75 años a palestinos y el Estado hebreo.

Es sabido que el tema del crecimiento (junto con el espectro de la inseguridad en el ámbito social) es el preferido de la derecha cuando se habla de economía. Relegando así a un tercer plano los esfuerzos urgentes por mitigar los efectos del calentamiento global, los incendios forestales devastadores, el aumento del nivel de los océanos y el derretimiento acelerado del casco polar. La razón última es que las derechas son negacionistas en el plano del medio ambiente.

Insistamos sobre esto. El Mercurio, portavoz de las derechas y de los poderes oligárquicos aplaudía editorialmente la claudicación del Gobierno en su opción por el crecimiento en el marco de la lógica de las inversiones. Negar las raíces de la realidad social conflictiva, como lo hace el paladín de la oligarquía, es hacer creer que el movimiento del 18 de Octubre de 2019 no fue una reacción ciudadana ante un Chile que estaba fisurado por la corrupción y por la desidia en el plano ambiental, además de profundamente fragmentado por la desigualdad. El 18/O fue un acontecimiento político fundamental, es decir, una avalancha de percepciones y sentimientos inauditos que nos obliga a revisar nuestras categorías e inventar nuevos conceptos. Es lo que explica la rabia con la que las elites políticas y sus intelectuales orgánicos siguen refiriéndose al movimiento social de Octubre 2019. Temen la iniciativa popular.

Se necesita una Constitución que rechace este tipo de abusos de parte de una oligarquía empresarial y financiera abusadora. Pero bien vimos la capacidad de la oligarquía para, con sus medios, reconstruir su sistema ideológico de defensa del modelo y del individualismo propietarista en sus peores manifestaciones. Mentalidad que se apoya en la ignorancia programada mantenida por la desinformación.

Hay que rendirse a la evidencia. El neoliberalismo es una ideología permisiva para el capital que ha funcionado durante 34 años en democracia liberal representativa. El laissez faire, o más bien hacerlo todo para aumentar sus ganancias, con tal que no te pillen, es la norma. En Chile los poderes económicos tienen un largo historial de violación de las normas legales. Esta hegemonía de facto de la lógica del capital es la que salía ganando si el proyecto de constitución de la fracción de extrema derecha liberal-conservadora no era rechazado.

Por de pronto hay que enfrentar la corrupción. El diario digital El Mostrador en editorial escribió: “El caso Hermosilla es, ideológicamente hablando, una expresión planificada de engaño a inversionistas sanos en el sistema financiero. También una mecánica financiera que busca un “neteo” de cuentas, la que para ser exitosa requiere atraer capitales negros, para ser lavados.”  Y con alarma el medio digital argumentaba: “La crisis de los “audios” o “caso Hermosilla”, que devela la posibilidad de corrupción de gran profundidad en dos de los principales organismos regulatorios del modelo económico chileno como son el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) no es episódica, como no lo fueron en su momento el financiamiento ilegal de la política, el caso Chispas, la crisis de La Polar, las grandes colusiones de las farmacias o del papel toilette. Ni tampoco la corrupción parlamentaria para elaboración de leyes como la Ley de Pesca, o las Cascadas de Ponce Lerou. Todo esto vino desarrollándose junto con una gran concentración del poder económico”…posibilitada, por supuesto, por la Constitución de Lagos-Pinochet, conviene agregar.

Así pues, en la última encuesta Cadem, la percepción de la corrupción subió 14 puntos, llegando a 84% y las instituciones donde se percibe mayor grado de corrupción son los partidos políticos (81%), el Congreso (67%), las municipalidades (59%), la ANFP (58%) y las fundaciones u ONGs (55%). Un verdadero problema al que la constitución de extrema derecha no daba solución, sino que normalizaba.

La tarea de las izquierdas y del pueblo es levantar un programa que detenga el avance de las derechas. No es con una seguidilla de claudicaciones que se logrará detener la campaña de alienación de la juventud y la narrativa del miedo al empobrecimiento con inseguridad de las clases medias con la que ganó la extrema derecha liberal de Milei (después del fracaso del peronismo con Fernández y sus medidas de corte socialdemócrata/neoliberal). Es así como también avanzan las ultraderechas europeas ante los fracasos de… las históricas socialdemocracias. El Gobierno de Boric, capturado por los viejos cuadros de la Concertación, y sin una alternativa programática audaz de los nuevos partidos de las jóvenes generaciones, confusos en el plano de las ideas y timoratos en el plano de la voluntad, son prisioneros de un escenario parecido.

Como siempre, las campañas de las derechas agitan el miedo. Solo les queda a las izquierdas organizarse en torno a una plataforma programática que genere esperanzas y recoja las demandas populares. Una plataforma que involucre a la clase trabajadora para enfrentar a las derechas en las próximas elecciones. La conciencia está, las maneras de organizarse se conocen y la experiencia práctica también. 18/Octubre 2019: Vade retro para las derechas; un renacer primaveral para los pueblos de las grandes alamedas.

Por Leopoldo Lavín Mujica

B.A. en philosophie et journalisme, M.A. en Communication publique de l’Université Laval, Québec, Canadá.

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