Neoliberalismo: maquinaria del despojo instalada en Chile

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El neoliberalismo impuesto en Chile por la dictadura militar y los grupos económicos, se puede definir como una obra maestra de la ingeniería económica destinada a reemplazar al capitalismo tradicional y, de manera especial, crear condiciones para hacer más eficiente la generación de ganancias y acumulación de capital en pocas manos, abarcando nuevas formas de explotación de los trabajadores y, especialmente, nuevas áreas de la economía antes no explotadas por la empresa privada.

Si nos remontamos al capitalismo tradicional en Chile, las áreas de explotación económica se enmarcaban en la producción industrial, minería, comercio, agricultura, pesca, transporte, la banca y, en general, aquellas áreas en donde la empresa privada había manifestado un interés preferente y donde también tenía una larga tradición.

El neoliberalismo, en cambio, extendió sus tentáculos a todas aquellas áreas de servicios esenciales para la vida en sociedad. Fue así como el empresariado fue generando condiciones políticas después del golpde de Estado que le permitieron imponer al país un modelo de explotación renovado, ultradepredador, inserto en un sistema creado para expoliar a la ciudadanía, como nunca antes había ocurrido. Más tarde, en tiempos de democracia, y a través del financiamiento a la política, los grupos económicos lograron poner a su servicio a numerosos parlamentarios de distintos partidos que trabajaron para las grandes empresas -especialmente parlamentarios de la UDI – quienes en una acción coordinada desde el parlamento hicieron posible transferir en forma de concesiones y privatizaciones los últimos reductos de la economía nacional a la empresa privada, sin importar la naturaleza de las actividades, las que incorporaron a la maquinaria del despojo ciudadano, como parte del modelo económico.

Dentro del nuevo escenario, el país sufrió una profunda transformación que contribuyó a aumentar la desigualdad social, estableciendo un modelo económico perverso, en que los precios de bienes y servicios son pagados a precios del «primer mundo», mientras los salarios pagados a los trabajadores corresponden a niveles de un país del «tercer mundo». ¿Cómo hacer funcionar una sociedad en esas condiciones? La respuesta sería la instauración de la tarjeta de crédito. Una forma de «democratizar el consumo». Esto llevó a la gran mayoría de la sociedad a ingresar en un espiral de endeudamiento, con lo cual la economía seguía funcionando y, al mismo tiempo, succionando más y más los escasos recursos de la población, imponiendo la renegociación de deudas como solución del momento con lo que se imponía el ineludible cobro de intrerés sobre interés de los créditos adeudados.

En esa vorágine de transformaciones en favor de los grupos económicos, privatizaron la educación, la salud, la vivienda, la previsión social, las carreteras, el Sename, los hogares de ancianos, las guarderías infantiles, además de apropiarse del agua, el cobre, el litio, el mar, los puertos, las empresas sanitarias, las hidreléctricas y las tierras de los pueblos originarios,etc. En síntesis, nada que pudiera ser transformado en negocio escapó a la voracidad de los renovados empresarios.

La concentración de la actividad económica echó por tierra la pretendida competencia de una economía de mercado. El mito que «el mercado regula los precios» se fue a la basura, lo mismo que la pretendida ética empresarial. La resultante se expresó en reiteradas colusiones de precios entre las grandes cadenas comerciales en todos los rubros: los supermercados se coludieron, las cadenas de farmacias hicieron lo propio, la banca no quiso ser menos, la empresas sanitarias y servicios de telecomunicaciones se sumaron al carrusel del despojo, etc. Los ciudadanos consumidores tuvieron que pagar los onerosos costos impuestos por esos servicios en beneficio de las ilegales utilidades obtenidas por los insaciables grupos económicos.

Dentro de las privatizaciones de servicios esenciales y derechos sociales de los ciudadanos, existen varios que han tenido mayor impacto en la vida de las personas. A manera de ejemplo cito algunas que surgen, quizás, como las más evidentes o fáciles de recordar.

La privatización del agua es, por su naturaleza de elemento imprescindible para la vida, una de las más indignantes, como criminal resulta la acción en contra de los intereses de la comunidad. Aparte del cuestionamiento ético que esa decisión conlleva, sus efectos prácticos y económicos para los ciudadanos han sido desastrozos en varias zonas del país. Así llegamos a la paradoja que, siendo Chile una país con innumerables fuentes del vital elemento, tenemos extensas zonas en donde la gente carece de agua para sus más elementales necesidades y debe pagar precios abusivos para satisfcer, justamente, esas necesidades.

La privatización de la salud ha hecho que la salud pública se haya deteriorado considerablemente, en razón de la poca inversión que hace el Estado para atender las necesidades de una población superior al 80% que se atiende en el sector, en beneficio del negocio de la salud privada que atiende a un sector minoritario que puede pagar los aranceles que establece el mercado. Lo anterior, ya es una distorsión del sistema y una injusta forma de abordar el problema, que es un derecho humano sólo parcialmente atendido, sin ahondar en el negocio que se origina cuando el Estado debe contratar servicios privados -muchas veces sobrevalorados- a las empresas del área de la salud, lo que debilita aún más el presupuesto de que dispone la salud pública para atender a la mayoría de los chilenos.

Donde la rapiña del neoliberlismo se hace más evidente es en el sistema de ahorro forzoso impuesto a los ciudadanos por José Piñera, ex ministro de la dictadura de Pinochet, quien impuso un sistema de ahorro obligatorio a los trabajadores, administrado por AFPs, con la falsa promesa de una tasa de retorno superior a un 70% del último sueldo. De esa manera, los defensores de «la libre elección», se apoderaron de los recursos de todos los cotizantes del sistema y los dejaron cautivos.

El ex ministro, depredador de recursos de los t rabajadores, aparte de engañar a los cotizantes, les incentivó el individualismo como una forma de solucionar los problemas. El resultado fue a la inversa, las pensiones que reciben los chilenos son de miseria y, contrariamente a lo pregonado, ha sido el Estado, es decir, la sociedad en su conjunto que ha tenido que ir al rescate de los más postergados, como resultado del engaño de José Piñera y su modelo expoliatorio.

«El sistema de ahorro individual es una acción de secuestro de los fondos de los trabajadores, perpetrado en dictadura, ya que están obligados por ley a entregar sus fondos previsionales a los dueños de las AFPs». De esa forma los trabajadores se transforman en prestamistas obligados para beneficio de los dueños del capital en Chile, recibiendo por ese prétamo una baja tasa de interés, que en un periodo de 15 años (2002-2017) registró un promedio de 5.12%, de acuerdo a datos de la Superintendencia de AFP. Esos mismos dineros pasan a los bancos y financieras de propiedad de los mismos grupos económicos que controlan el capital y, luego, los cotizantes, cuando utilizan tarjetas de crédito o reciben un préstamo bancario, deben cancelar altos intereses. De esa forma, el cotizante de las AFPs le presta dinero a la banca de forma obligada, con bajo interés y más tarde, con su propio dinero le obligan a hacerse un «auto-préstamo», vía institución financiera, el que debe pagar con intereses altos y, muchas veces, renegociar deudas, de manera que al final termina pagando una deuda, más un interés calculado sobre otro interés. Esa es una de las tantas prácticas abusivas de como funciona la maquinaria del despojo instaurada en Chile, bajo el nombre de neoliberalismo o sociedad de mercado.

Por lo extenso y la complejidad del tema abordado sólo se ha podido tocar de manera sucinta algunos ejemplos entre muchos que existen, además de algunas de las sofisticadas formas que son utilizadas por los grandes empresarios para manejar los hilos de los negocios en el país. Mientras tanto el «ciudadano de a pie» vé desvanecerse sus escasos recursos y,también,las esperanzas de una vida mejor en medio de un modelo creado para amasar grandes utilidades para unos pocos, que se enriquecen hasta límites inhumanos, sin comprender que ese camino indefectiblemente nos llevará a todos al despeñadero.
El cambio de rumbo tiene como punto de partida: una Nueva Constitiución.

Por Higinio Delgado Fuentealba

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