Colapsismo Ecología Medio Ambiente

El reciclaje de plásticos es un claro ejemplo de desinformación en el contexto de productos tóxicos

El Relator Especial sobre los impactos en los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de los productos plásticos y desechos peligrosos, Marcos Orellana, advirtió ante el Consejo de Derechos Humanos de que, aunque el reciclaje se considera una posible solución a los residuos plásticos, los periodistas de investigación han descubierto que los mensajes sobre el reciclaje no fueron desarrollados por grupos ecologistas, sino por la industria del plástico. En realidad, menos del 10% de los plásticos se recicla y el reciclaje concentra la miríada de sustancias tóxicas que se agregan a los plásticos.

 

El Relator Especial sobre los impactos en los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de los productos plásticos y desechos peligrosos, Marcos Orellana, presentó su informe titulado “El derecho a la ciencia desde la perspectiva de los tóxicos”. En su presentación denunció que el reciclaje de plásticos era un claro ejemplo de desinformación en el contexto de los tóxicos. “Pero esta información errónea no se limita a los plásticos”, agregó Orellana, y dijo que “hay muchos ejemplos de tácticas utilizadas por la industria y los gobiernos para distraer y evadir la responsabilidad por la exposición a sustancias peligrosas”.

 

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¿Cómo luchar en contra de eso?

“La ciencia nos está enseñando sobre los riesgos y daños que representan las sustancias peligrosas para la salud humana y el medio ambiente. La ciencia también ayuda a diseñar políticas basadas en evidencia para hacer frente a estas amenazas. Por tanto, el derecho a la ciencia puede actuar como un poderoso antídoto contra la desinformación sobre sustancias tóxicas”, subrayó el Relator Especial. “El derecho a la ciencia requiere que los gobiernos adopten medidas para prevenir la exposición a sustancias peligrosas, con base en la mejor evidencia científica disponible, continuó. Además, el derecho a la ciencia implica un entorno donde las libertades científicas pueden realizarse y donde los gobiernos fomentan la investigación científica sobre sustancias tóxicas que ponen en peligro la salud pública”.

“La desinformación se ha convertido en una herramienta poderosa para manipular la comprensión y el debate del público, generando confusión y desconfianza hacia la ciencia”, lamentó Orellana. “Sembrar dudas sobre los peligros y daños de las sustancias peligrosas se ha convertido en un negocio lucrativo”, dijo. “Algunas empresas se especializan en la propagación deliberada de la incertidumbre y el malentendido en la sociedad, con impunidad y en detrimento de una adecuada protección de los derechos humanos”.

“Ha llegado el momento de que los Estados unan sus esfuerzos en la cooperación internacional, lo que podría resultar en la creación de una plataforma global que sirvan de interfaz entre la ciencia y la política, para hacer frente a la grave crisis. Productos tóxicos que afectan a toda la humanidad”, recomendó el Sr. Orellana.

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¿Es la ciencia la respuesta?

Los oradores coincidieron con el Relator Especial en destacar la importancia de los estudios científicos para determinar los efectos de las sustancias tóxicas en el medio ambiente y proporcionar a los gobiernos las pruebas necesarias para el manejo y eliminación de estas sustancias.

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Se recomendó que los científicos pudieran expresar sus conocimientos libremente, sin ser sometidos a presiones o intimidaciones indebidas, y que se estableciera la cooperación internacional para asegurar que el progreso científico esté mejor integrado en todos los niveles políticos. La implementación de estas dos recomendaciones contribuiría al desarrollo de respuestas vitales para fortalecer la protección de los derechos humanos en el contexto de las sustancias tóxicas.

Sin embargo, una delegación lamentó que las “plataformas de interfaz ciencia-política”, que solicita el Relator Especial, a menudo, cuando existen, se vean socavadas por la política, la ideología, la desinformación de las pruebas científicas y los intereses económicos.

Desafortunadamente, es el cargo de los mismos Estados de velar por el respeto y la promoción del derecho a la ciencia, dando prioridad y los recursos necesarios a la investigación pública. Aunque se hizo un llamado al fortalecimiento de la cooperación y la solidaridad internacionales en el campo de la investigación y el intercambio de conocimientos científicos, de modo que todos los países, en particular los países en desarrollo, puedan beneficiarse del progreso científico y sus aplicaciones, esas prácticas parecen actualmente más una utopía del Consejo de Derechos Humanos que una realidad que se pueda aplicar en nuestro mundo hodierno, tan polarizado y dividido.

La pandemia mundial de COVID-19 y su gestión han demostrado cuán frágil es la confianza en el discurso científico. Entre las razones de esta falta de confianza, el Relator Especial señaló la manipulación de información y los conflictos de intereses. ¿Cómo se podría articular el principio de precaución y el derecho humano a beneficiarse del progreso científico en un mundo tan manipulado y corrupto?

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Pero el debate no dio alguna respuesta a esta pregunta.

De una parte, los países informaron que adhirieron al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, incluida su enmienda para fortalecer el control de los movimientos transfronterizos de desechos plásticos, que entró en vigor en marzo de 2020. De otra parte, las ONG han pedido que se aplique el principio de precaución a la gestión del reactor nuclear de Fukushima. Además, advirtieron sobre los dramáticos efectos de la destrucción de las represas Mariana y Brumadinho en Brasil, denunciaron la falta de una gestión adecuada de los desechos en la India. También, destacaron la importancia de una ciencia independiente libre de conflictos de intereses.

“Las políticas deben basarse en la mejor ciencia disponible, así como en procesos de desarrollo (de políticas) transparentes y participativos”, se argumentó en el debate. Marcos Orellana quiere una utopía que más que al futuro hace pensar a la ciencia ficción.

Elena Rusca, Ginebra, 26.09.2021

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