Relator Especial de la ONU denuncia el apartheid de Israel hacia Palestina ¿Dónde está la comunidad internacional?

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El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos, Michael Lynk, presenta hoy su informe antes la 49ª sesión del Consejo de Derecho Humanos, denunciando la escandalosa situación de apartheid en que los palestinos están obligados a vivir por causa de Israel, además del silencio flagrante de la comunidad internacional occidental, ausentes de la sala y del debate, juntos con Israel.

“Los últimos seis años, mientras me desempeñé como Relator Especial, han sido trascendentales con respecto a los acontecimientos en el territorio palestino ocupado que cubre mi mandato. Por desgracia, la mayoría de estos acontecimientos han sido desalentadores y una afrenta a nuestras normas internacionales de derechos humanos”, denuncia el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos, Michael Lynk, presentando a su informe delante a los miembros del Consejo de Derechos Humanos.

En estos últimos 6 años ha habido varios períodos de violencia intensa y destructiva contra los palestinos bajo la ocupación del ejército israelí, con gran pérdida de vidas y propiedades, particularmente en Gaza durante la Gran Marcha del Retorno en 2018 y la breve guerra explosiva en Gaza en Mayo 2021.

La ocupación israelí, ahora en su 55° año sin que se vislumbre su final, se ha vuelto cada vez más arraigada y represiva, con una subida de violencia justo el año pasado.

En 2014, cuando colapsaron los últimos esfuerzos serios del proceso de paz, bajo la dirección del Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, había 370.000 colonos israelíes viviendo en Cisjordania.

Hoy hay cerca de 480.000 colonos, un aumento del 23%. Agregue a eso los 230.000 colonos israelíes judíos en Jerusalén, y ahora hay 710.000 colonos israelíes, más del 10% de la población judía israelí, que viven en territorio ocupado en asentamientos que el Consejo de Seguridad de la ONU ha declarado como una «violación flagrante del derecho internacional».

En términos de la sociedad civil palestina y los observadores internacionales de derechos humanos, las noticias son igualmente desalentadoras. En octubre de 2021, Israel designó a seis organizaciones de la sociedad civil palestina como organizaciones terroristas y no ha rescindido este ataque, a pesar de las declaraciones consistentes de los estados miembros y donantes internacionales de que Israel no ha presentado evidencia convincente para respaldar sus afirmaciones.

Peor aún, Israel se ha negado a renovar las visas de varios funcionarios internacionales que trabajan en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) para la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, obligándolos a salir del país. Entre estas personas están la Alta Comisionada por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el mismo relator especial, Michael Link. Esta injerencia injustificada en el trabajo legítimo de las Naciones Unidas son acciones inadmisibles por una democracia.

Sala Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Ginebra

Un régimen de apartheid en el siglo XXI bajo el silencio de la comunidad internacional de Occidente

“El tema específico de mi 12º informe como Relator Especial aborda la cuestión de si las prácticas adquisitivas y represivas de Israel en el transcurso de su régimen de 55 años han pasado de ser una ocupación interminable a algo más oscuro, más duro y más siniestro”, declara Michael Link. “En los últimos años y meses, distinguidas voces han llegado a la conclusión de que los hechos inexorables de la ocupación de Israel: la incesante confiscación de tierras, los asentamientos exclusivos para judíos en constante expansión, el sistema legal dual, la gran brecha en las condiciones de vida entre los colonos israelíes y los palestinos que viven entre ellos, la gran separación de los derechos políticos; equivale a, o se asemeja, al apartheid”.

En efecto, esta equivalencia no es nueva: el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, escribió en 2021 que la “dominación estructural y la opresión del pueblo palestino por parte de Israel a través de la ocupación indefinida… podría decirse que constituye apartheid”.

La ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, habló en 2022 sobre la “…significativa consternación de su país por las continuas prácticas de apartheid de Israel contra el sufrido pueblo de Palestina”. En ese entonces, no solamente Israel sino que los “democrático” países occidentales de la Unión Europea o Estados Unidos, se han opuesto a esas afirmaciones. Pero, los occidentales se equivocaban, y Link lo confirma: se trata de apartheid, no hay dudas.

Aplicando la prueba aceptada de tres partes tomada de la Convención de las Naciones Unidas contra el Apartheid de 1973 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, el Relator Especial ha llegado a la conclusión de que el sistema político de gobierno arraigado en el territorio palestino ocupado satisface el estándar probatorio prevaleciente para la existencia del apartheid.

Primero, se ha establecido un régimen institucionalizado de opresión y discriminación racial sistemática. Los judíos israelíes y los árabes palestinos en Jerusalén Este y Cisjordania viven sus vidas bajo un régimen único que diferencia su distribución de derechos y beneficios de la base de la identidad nacional y étnica, y que asegura la supremacía de un grupo sobre, y en detrimento del otro. Las diferencias en las condiciones de vida y los derechos y beneficios de la ciudadanía son marcadas, profundamente discriminatorias y se mantienen a través de la opresión sistemática e institucionalizada.

En segundo lugar, este sistema de dominio extranjero se ha establecido con la intención de mantener el dominio de un grupo étnico-nacional-racial sobre otro. Los líderes políticos israelíes, pasados ​​y presentes, han declarado en repetidas ocasiones que tienen la intención de mantener el control sobre todo el territorio ocupado con el fin de ampliar los bloques de tierra para el presente y futuro asentamiento judío mientras confina a los palestinos a las reservas de población con barricadas. Bajo este sistema particular, las libertades de un grupo están indisolublemente ligadas a la subyugación del otro.

Y tercero, la imposición de este sistema de discriminación institucionalizada con la intención de dominación permanente se ha construido sobre la práctica habitual de actos inhumanos. Ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales. Tortura. Las muertes violentas de niños. La negación de los derechos humanos fundamentales. Un sistema judicial militar fundamentalmente defectuoso y la falta de debido proceso penal. Detención arbitraria. Castigo colectivo. Las desesperadas condiciones de vida en Gaza. La repetición de estos actos durante largos períodos de tiempo, y su respaldo por parte de la Knesset y el sistema judicial israelí, indica que no son el resultado de actos aleatorios y aislados, sino parte integral del sistema de gobierno de Israel.

“Esto es apartheid. No tiene algunas de las mismas características que se practican en el sur de África; en particular, mucho de lo que se ha llamado “pequeño apartheid” no está presente. Por otro lado, hay características despiadadas del gobierno de «aislamiento» de Israel en el territorio palestino ocupado que no se practicaron en el sur de África, como carreteras segregadas, altos muros y extensos puestos de control, una población atrincherada, ataques con misiles y bombardeos de tanques contra un población civil y el abandono del bienestar social de los palestinos en manos de la comunidad internacional. Con los ojos bien abiertos de la comunidad internacional, Israel ha impuesto a Palestina una realidad de apartheid en un mundo posterior al apartheid”.

¿Por qué nunca sancionar a Israel?

El relator especial no olvidó uno de los temas más importantes y descuidados relacionados con la ocupación israelí de Palestina: la notable falta de voluntad de la comunidad internacional para imponer medidas de rendición de cuentas a Israel por su ocupación permanente, que se ha llevado a cabo tanto en absoluto desafío al derecho internacional y con los ojos bien abiertos de la comunidad internacional.

De hecho, hasta el momento, el Consejo de Seguridad de la ONU ha adoptado más de 30 resoluciones en los últimos 50 años que critican a Israel y su ocupación. La Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos han adoptado cientos de resoluciones más.

Es sabido que los asentamientos israelíes son ilegales, que la anexión es ilegal, que la negación de la autodeterminación palestina es ilegal, que los abusos contra los derechos humanos son moneda corriente, que el Cuarto Convenio de Ginebra se aplica en su totalidad, que ninguna de estas innumerables resoluciones ha sido obedecida, y no se ha impuesto nada a Israel para que cumpla con el orden internacional basado en reglas.

“Seamos claros: el problema con respecto a Palestina y los foros de las Naciones Unidas nunca ha sido que la ONU apruebe demasiadas resoluciones, sino que hace muy poco para hacer cumplir cualquiera de estas resoluciones”, denunció Michael Link.

“De hecho, no estaría hoy aquí frente a ustedes entregando un informe sobre cómo una ocupación implacable se ha convertido en metástasis en el apartheid, si la comunidad internacional se hubiera tomado en serio sus propias leyes hace 45 y 35 años cuando el Consejo de Seguridad y la Asamblea General comenzaron a adoptar la primera de sus muchas resoluciones críticas con la ocupación israelí. El derecho internacional no pretende ser un paraguas que se pliega al primer indicio de lluvia. Si la comunidad internacional hubiera acompañado estas resoluciones con firme responsabilidad y consistencia hace décadas, de la misma manera que lo está haciendo hoy con la invasión y ocupación de Ucrania, entonces probablemente habríamos tenido una resolución justa y duradera para la Cuestión de Palestina muchos años atrás y nadie tendría que estar hablando de apartheid hoy” concluye Link.

La ausencia de sanciones económicas hacia Palestina es una pregunta que no sale solamente desde las reflexiones de Link. El representante de Pakistan  hace hoy las mismas preguntas, y antes él, Gedeon Levy, en un artículo publicado el 5 de marzo en el periódico digital Haaretz, de Israel[1], había también profundizado esa posibilidad.

“Imagínese a Israel invadiendo la Franja de Gaza nuevamente, causando las masacres, la ruina y la devastación habituales. Imagínese decenas de miles de civiles huyendo para salvar sus vidas después de perder lo poco que tenían. Los edificios se derrumban como casas de papel, pero Israel procede como si nada: los pilotos bombardean, los tanques avanzan, los medios y la población israelí vitorean”, escribe Gedeon Levy.

“Pero de repente la comunidad internacional toma una decisión: si Israel no se retira de inmediato, enfrentará sanciones. Si la Franja de Gaza no se convierte en una zona de exclusión aérea, los aviones hacia y desde Israel permanecerán en tierra. Israel ignora la advertencia y, como siempre, se justifica hablando de defensa propia, terrorismo y holocausto. En ese momento se dispara la nueva arma definitiva: excluir a Israel del sistema internacional de pagos bancarios y de aquel con el que los bancos los comunican. Israel se queda sin el Swift. Además, lo que se aplica al país que invadió Ucrania también debería aplicarse al invasor de la Franja de Gaza”, sigue Gedeon Levy.

“Sin el Swift, Israel implosionaría instantáneamente. Quizás el tiránico gigante ruso pueda resistir por un tiempo, pero Israel no. Dentro de unos días, los señores de la economía se presentarían en la cúspide política y militar con un mensaje claro: alto. Así no podemos seguir. Más o menos lo que pasó en Sudáfrica en la época del apartheid cuando los empresarios le dijeron al gobierno blanco: alto. En ese momento, quedaría por entender cuántos días el ejército israelí continuaría destruyendo Gaza. ¿Un día? ¿Dos días? ¿Una semana? Pero eventualmente los soldados se retirarían, el asedio terminaría y Gaza finalmente sería libre, por primera vez en años. Todo con un «golpe» de Swift”, concluye Gedeon Levy.

Los países de Occidente: los grandes ausentes del Consejo de Derechos Humanos hoy junto a Israel

Israel no está presente en la sala del Consejo de Derechos Humanos esta mañana, así como todos los demás países occidentales que hace unos días nos habían ahogado en esta misma sala con sus buenas resoluciones por los “derechos humanos” ucranianos. No están.

Está Venezuela, Cuba, Pakistán, Líbano, Sudáfrica, Malaysia, Mozambique, los países árabes… Pero, no está la Unión Europea, no está Estados Unidos, no están Noruega, Suecia o Finlandia. La “cuna” de los derechos humanos del mundo no está aquí para relatarnos sus buenos propósitos y proposiciones para solucionar este conflicto, como lo hizo la semana pasada con Ucrania.

En mayo de 2021, las hostilidades en Gaza se intensificaron drásticamente. Durante 11 días, 261 palestinos fueron asesinados, incluidas 41 mujeres, 67 niños y tres personas con discapacidad, la mayoría en ataques israelíes. Al menos 130 eran civiles. Más de 2.200 palestinos resultaron heridos. Diez ciudadanos y residentes israelíes resultaron muertos por cohetes lanzados por grupos armados palestinos y otros 710 resultaron heridos.

En Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, las autoridades israelíes continúan realizando demoliciones punitivas de viviendas de palestinos que habían llevado a cabo, o que presuntamente habían llevado a cabo, ataques contra israelíes. Este castigo colectivo afectó de manera desproporcionada a mujeres y niños. Las autoridades israelíes también retuvieron los cuerpos de otros 23 palestinos, incluidos niños, asesinados por las fuerzas de seguridad israelíes durante este período.

El número de palestinos asesinados por las fuerzas de seguridad israelíes en incidentes policiales sigue aumentando. Las fuerzas de seguridad israelíes mataron a 74 palestinos, incluidos 17 niños y tres mujeres, en comparación con los 23 durante el último período informado. El número de niños palestinos detenidos por Israel y de detenidos administrativos también sigue aumentando.

Entre el 1 de noviembre de 2020 y el 31 de octubre de 2021, la ampliación de los asentamientos persistió. Se incrementó el número de nuevas licitaciones y construcciones, aunque disminuyó el avance o aprobación de nuevos planos. Además, los colonos establecieron 13 nuevos puestos de avanzada, ilegales también según la legislación nacional israelí. También Israel comenzó a registrar la propiedad de la tierra en el Jerusalén Este ocupado, aunque, como potencia ocupante, Israel tiene prohibido aplicar sus leyes internas en la Jerusalén Oriental ocupada, y no puede extender su soberanía ni adquirir propiedad permanente sobre la tierra que ocupa allí.

Israel demolió 967 estructuras de propiedad palestina en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, el número más alto desde que las Naciones Unidas comenzaron a registrar estos datos, desplazando a 1.190 palestinos, incluidos 656 niños. En la comunidad beduina de Humsa al Bqai’a, las autoridades israelíes demolieron 196 estructuras, desplazando a 365 palestinos, incluidos 209 niños. Estas acciones colocaron a la comunidad bajo una presión extrema para que se mudara y parecen haber llevado a que al menos 98 personas abandonaran sus hogares.

Los palestinos en el Área C, en Jerusalén Este y en el área H2 de Hebrón, continúan en riesgo de ser trasladados a la fuerza. En la Jerusalén Oriental ocupada, al menos 970 personas, incluidos 424 niños, corren riesgo inminente de desalojo forzoso.

De manera alarmante, la violencia de los colonos sigue aumentando: se registraron últimamente hasta 502 incidentes de violencia de los colonos en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. La gravedad de los ataques también se intensificó: de particular preocupación fueron los incidentes de colonos armados que llevaron a cabo ataques dentro de las comunidades palestinas, con la aquiescencia o, en ocasiones, con el apoyo práctico de las fuerzas de seguridad israelíes. Persistió una impunidad casi total para estos ataques.

Obvio, todos estos hechos no expresan violaciones de derechos humanos de Israel hacia Palestina, no hace falta instaurar medidas coercitivas hacia este País, aquí no está en juego combustibles o alimentos, porqué ya todo esto está en la mano de las empresas occidentales[2]. Ninguno de estos hechos debería animar a la comunidad internacional en actuar en contra de Israel como lo hizo en contra de Rusia.

Igual una pregunta surge: ¿Será que este consejo será la cuna de los derechos humanos o la cuna de los intereses económicos?

Por Elena Rusca

En Ginebra

[1] https://www.haaretz.com/opinion/.premium.HIGHLIGHT-one-swift-motion-and-the-occupation-is-over-1.10654499

[2] Leer : https://www.elclarin.cl/2020/02/19/onu-publica-lista-negra-de-empresas-instaladas-en-territorio-palestino-ocupado/

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