Libia: El fin de Gadafi nunca significó el fin del conflicto
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El Consejo de derechos humanos de la ONU estableció una Misión de Investigación en junio de 2020 mediante la resolución 43/39 con el mandato de investigar las presuntas violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidos en Libia desde la caída de Gadafi. La Misión de Investigación ha emitido su informe en estos días, frente al 49ª sesión del Consejo.
El conflicto y la posterior caída de Mu’ammar Gadafi convirtieron a Libia en uno de los países más inestables del planeta, donde las violaciones de derechos humanos son endémicas y están a la orden del día, donde organizaciones criminales y paramilitares han labrado sus negocios ilegales como verdaderas mafias, transformando el estado en la ruta de migración hacia Europa desde toda África central.
Las continuas y graves violaciones de derechos humanos y la cultura de impunidad que prevalece en diferentes partes de Libia están impidiendo la transición hacia la paz, la democracia y el estado de derecho, según un grupo de expertos en derechos humanos en sus últimos hallazgos.
En su segundo informe publicado hoy, la Misión Independiente de Investigación sobre Libia[1] cita múltiples violaciones que afectan la transición a la democracia y la integridad del proceso electoral, como intimidación y hostigamiento de activistas, ataques al poder judicial como protector de los derechos humanos y violaciones masivas que afectan a grupos vulnerables, incluidos migrantes, mujeres, activistas por la paz y detenidos.
Entre octubre de 2021 y marzo de 2022, continuaron la agitación política y la inseguridad en Libia. El 9 de septiembre y el 5 de octubre de 2021, la Cámara de Representantes dictó las Leyes 1/2021 y 2/2021 que establecen el marco legal para las elecciones presidenciales y parlamentarias, respectivamente. El 25 de octubre, el presidente del Alto Consejo de Estado, apoyado por alcaldes, representantes de la sociedad civil y algunos grupos armados, presentó un recurso contra la Ley 1/2021 ante el Tribunal Supremo de Libia en Trípoli, alegando que el Consejo no había sido consultado en la redacción de la ley, en violación del Acuerdo Político Libio de 2015.
Los resultados de la Misión de Investigación de la ONU
La Misión, formadas por tres expertos, concluye que hay motivos razonables para creer que se están violando el derecho internacional humanitario y los derechos humanos en varios centros secretos de detención en Libia.
La investigación en curso de la Misión cubre informes de violaciones de derechos humanos dentro de varias prisiones que fueron declaradas cerradas pero que, según los informes, aún operan en redes secretas y prisiones secretas supuestamente controladas por diferentes milicias armadas. La Misión también ha encontrado que las autoridades no implementaron las órdenes de liberar a los detenidos en numerosos casos.
En su informe de octubre de 2021, la Misión de Investigación concluyó que los actos de asesinato, tortura, encarcelamiento, violación y desaparición forzada perpetrados en las cárceles de Libia pueden constituir crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, “hemos descubierto más pruebas de que las violaciones de los derechos humanos que experimentan los detenidos en Libia son generalizadas, sistemáticas o ambas”, afirmó Mohamed Auajjar, presidente de la Misión de Investigación.
Traficantes de migrantes
En su informe anterior, la Misión encontró que numerosas violaciones contra personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Desde entonces ha continuado documentando patrones consistentes de asesinato, tortura, actos inhumanos, violación, persecución y esclavitud.
Los incidentes documentados en el nuevo informe incluyen la redada en el área de Gargaresh de Trípoli a principios de octubre de 2021, dirigida a extranjeros y migrantes, y los consiguientes incidentes de fuerza excesiva en los centros de detención bajo el control del Departamento para Combatir la Migración Ilegal.
La Misión de Investigación también investigó los continuos abusos a manos de los traficantes. En un caso, un mecánico de botes denunció haber sido secuestrado y torturado por un grupo armado involucrado en el tráfico. Le dijo a la Misión de Investigación: “Me quemaron con cigarrillos. Me echaron gasolina e intentaron prenderme fuego. […] Me penetraron con un cuchillo [,] un bate de béisbol [y] un palo de escoba. Fui filmado por mis secuestradores, quienes amenazaron con publicar el video”.
Las últimas elecciones de diciembre 2021
Las últimas investigaciones de la Misión coinciden con una mayor agitación política en Libia, en particular, el período previo y posterior al aplazamiento de las elecciones previstas para diciembre de 2021.
En ese entonces, el aumento de las tensiones entre facciones rivales en el oeste y el este de Libia dificultaba la organización de elecciones. La votación se posponía con solo 48 horas de anticipación y surgía un nuevo problema para el país. El mandato del primer ministro del gobierno de unidad nacional Abdul Hamid Dbaibah, en el cargo desde marzo de 2021, expiraba porque está vinculado a las elecciones. Se abre un debate sobre la formación de un nuevo ejecutivo.
Es solo durante este último mes de febrero que el Parlamento de Libia, con sede en la ciudad de Tobruk, este del País, ha nombrado a mano alzada a Fati Basaga, anterior ministro del Interior en el Gobierno de transición, como primer ministro interino. Mientras tanto, en Trípoli, en el oeste, Abdul Hamid Dbaibah ya declaraba que no abandonará su cargo, que solo entregará el poder a alguien salido de las urnas y que en junio pretende convocar elecciones legislativas.
Según los expertos, varios incidentes preocupantes en el período previo a diciembre de 2021 han puesto en duda el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades gubernamentales y de facto de garantizar la libertad de expresión y reunión de los libios. Entre estos incidentes se encuentran el arresto y la detención denunciados por grupos armados de personas de Sirte por expresar opiniones sobre las elecciones o apoyar a los candidatos.
La Misión de Investigación también describe la impunidad en curso de los ataques contra mujeres políticas, que socavan la participación política significativa de las mujeres y los esfuerzos de hombres armados en noviembre de 2021 para evitar que el Tribunal de Apelaciones de Sebha revise la elegibilidad de los candidatos para las elecciones presidenciales.
El informe también cita datos alarmantes de ataques contra organizaciones de la sociedad civil, activistas y defensores de los derechos humanos en Libia. Los expertos se refieren a varias leyes y reglamentos restrictivos, incluida la Ley contra el Ciberdelito ratificada el 26 de octubre de 2021, que dicen contribuyen a silenciar a dichos actores, junto con los periodistas.
Libia: los restos del fracaso de intervenciones occidentales
En el contexto de la Guerra Fría y del mundo bipolar, la posición de Libia en el mapa geopolítico mundial fue relevante: un actor estratégico como proveedor de petróleo. Si bien en las últimas décadas del siglo XX, la relación con el “mundo occidental” estuvo marcada por una etapa de tensión, en los inicios del nuevo siglo Libia estableció una política exterior de apertura económica y política.
El movimiento social que dio lugar a las “revueltas árabes” fue el escenario que habilitó la intervención de la OTAN en marzo de 2011. Luego de varios meses de bombardeos y emergencia de grupos armados locales, la muerte de Gadafi cerró esta etapa. Para los grupos rebeldes libios este escenario significó una oportunidad para expresar sus relaciones de poder. Libia es un Estado fragmentado donde se identifican grupos armados que ejercen distinto grado de control sobre el territorio, de forma muy parecidas a las mafias italianas.
Hace exactamente 10 años, el 19 de marzo de 2011, las bombas lanzadas por los cazas franceses y los misiles de crucero Tomahawk de los barcos navales estadounidenses y británicos iluminaron el cielo sobre Benghazi para golpear los puestos de avanzada del ejército Rais Mu’ammar Gaddafi.
Un mes después del inicio de las revueltas antigubernamentales en Libia, se inició la intervención militar internacional que supondrá la caída del régimen de Gadafi y una temporada de inestabilidad que aún hoy persiste, con un país desgarrado por la guerra de guerrillas interna, la fragmentación, sed de poder y en la que se inserta otra grave crisis humanitaria, la de los migrantes.
El interés de la OTAN y de los países occidentales por Libia no fue tanto para sostener a las revueltas antigubernamentales, ni por poner fin a la dictadura de Gadafi: el control de los recursos energéticos libio fueron en absoluto el anhelo principal, como lo son ahora los recursos energéticos de Ucrania. Estamos hablando de 48.400 millones de barriles (2,8 % de las mundiales) y 1,5 billones de m3 de gas natural.
Su explotación, hasta el momento, estuvo limitada a las compañías BP (Reino Unido), Chevron, Marathon y Occidental (EE. UU.), CNPC (China), Eni (Italia), OMV (Austria), Repsol (España), Shell (Países Bajos), Statoil (Noruega), Total (Francia) y Wintershall (Alemania). Hoy, es Turquía a proporcionar los recursos energéticos líbicos.
Talvez que la OTAN y los países occidentales contribuyeron al fracaso de un País, por intereses económicos, como hoy lo están haciendo con Ucrania.
Elena Rusca, Ginebra, 01.04.2022
[1] Los expertos son: Mohamed Auajjar (Presidente), Tracy Robinson y Chaloka Beyani.
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