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Los recovecos del Fondo del Libro

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Los resultados del Fondo del Libro 2023, en especial en la línea Fomento a la Industria, han sido bastante cuestionados en las redes sociales, resaltando un asunto en común entre quienes reclaman: Que los fundamentos de los evaluadores son de una desprolijidad asombrosa o simplemente no leyeron concienzudamente (como corresponde) lo que juzgaron, dando la impresión, incluso, que en la inmensa mayoría de los casos se le buscó la “quinta pata al gato” para dejar proyectos fuera de competencia. Sobre todo, en los ítems —que los “ingenieros” técnicos administrativos que dieron vida a las bases—, denominan “Impacto potencial” o en “Viabilidad”. Esto porque estos ítems se usan generalmente para bajar puntajes a proyectos literarios de calidad. Y quién sabe porqué santo el Consejo del Libro decide dejarlos fuera. Los consejeros son 9 y actúan como jurado (por ley) ratificando o rechazando las evaluaciones de los asesores o comisión de asesores (evaluadores). De esto se desprende, entonces, que obviamente los consejeros entregan argumentos que quedan en acta para respaldar sus opiniones. Es lo lógico, lo serio y lo culturalmente pertinente si se quiere, aunque las autoridades del ministerio se niegan a entregar las actas con el detalle del debate de los consejeros. ¿O no existen esas actas y todo se hace al “tun-tun”? Sería interesante saberlo. En relación con esto, Edmundo Moure, integrante del Consejo del Libro hasta 2022, publicó una columna, en el portal “Cine y Literatura”, donde denuncia una serie de irregularidades que hasta ahora nadie del ministerio ha desmentido, por lo que versaría el refrán “el que calla otorga”.

En lo de fondo, se llega a la insólita situación de pedir a los escritores que expliquen cuál será el impacto de sus obras. Nadie puede saber el impacto de una publicación, evaluar eso es no entender nada acerca de la industria del libro. Es tan absurdo como preguntar ¿Cuántas personas cree que comprarán su libro? Cuando se publica un libro su destino es incierto, siempre, así es la literatura en su naturaleza, a los libros, en ese sentido, los define el tiempo. Por otro lado, se ha llegado a incluir en el proceso de evaluación el ítem “Antecedentes de postulación”, que tiene un valor de 20% en la sumatoria del puntaje. Algo inentendible, porque lo que evalúa este ítem es “la pertinencia de la documentación adjunta”; es decir, si el postulante presentó todos los documentos requeridos en las bases. Antes, eso lo hacían los funcionarios del Fondo del Libro designados para ello, dejando fuera los proyectos que no cumplían con los documentos solicitados, y por lo tanto no incidía en el puntaje, porque es absurdo que influya ya que lo que se debe juzgar es la calidad del proyecto no si faltó un documento. Esos proyectos en cualquier lugar del mundo quedan fuera de evaluación por no cumplir las bases. Es de suma urgencia que las bases de postulación para el Fondo del Libro sean reformuladas totalmente, eliminando lo irrelevante que se solicita. Deben redactarlas personas que entiendan de literatura, no funcionarios salidos de las estructuras técnicas de los ministerios o consultoras externas que cobran millones por redactar tonteras.

Por otro lado, la demora en los resultados y asignaciones es brutal, lo que indica desidia administrativa, algo, para ser justos, que envuelve a todo el aparato fiscal. En cuando a los proyectos con puntajes ganadores; es decir, que merecen asignación de recursos, pero los 9 consejeros los dejan fuera —o mejor dicho el aparato burocrático técnico administrativo del ministerio que impone su criterio—, es algo que merece, francamente, una acusación constitucional por arbitrariedad, discriminación y ninguneo, pero estamos en Chile, y eso no es asunto menor, porque ya sabemos: “El peso de la noche” ha penetrado incluso a la industria del libro y a quienes tienen el deber de ser justos.

Por Alejandro Lavquén

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Las opiniones vertidas en esta sección son responsabilidad del autor y no representan necesariamente el pensamiento del diario El Clarín

 



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