Opinión Política Portada

La Constitución vigilada y pauteada por el Senado

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Desde 1836 las Constituciones en Chile han sido impuestas por  la espada pretoriana, que garantiza la hegemonía de la casta oligárquica, mientras que el papel de los ciudadanos se ha limitado a refrendar, en plebiscitos fraudulentos, el dominio de la clase político-militar.

El lunes 6 de marzo del presente año se instalaron las dos Comisiones que aseguran la condición de estar vigiladas por el predominio del Senado, con la anuencia de la Cámara de Diputados.

La “Comisión de Expertos”, integrada por 24 miembros, 12 por cada una de las Cámaras legislativas, sumado al Comité de Admisibilidad, cuya función consiste en evitar que la Comisión, elegida por voto popular, y formada por 50 Consejeros Constitucionales, no viole las doce bases constitucionales acordadas previamente por el Congreso:

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Chile es una República Democrática.

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El Estado chileno es unitario

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La soberanía tiene como límites la dignidad de la persona humana

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La Constitución reconoce los Pueblos Indígenas

Chile es una Estado Social y Democrático de Derecho

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Los Emblemas nacionales son la Bandera, el Escudo y el Himno

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Chile tiene tres poderes separados e independientes

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Chile consagra constitucionalmente los siguientes Órganos: Banco Central, Justicia Electoral, Ministerio Público y Contraloría General de la República.

Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales: el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, derecho a la propiedad en sus distintas manifestaciones, la libertad de conciencia y culto, el derecho-deber preferente de las familias de escoger  la educación de sus hijos, entre otros.

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Chile consagra constitucionalmente la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil

La Constitución consagra, a lo menos, cuatro estados de excepción: de asamblea, de oficio, de emergencia y de catástrofe.

Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y conservación de la naturaleza y la biodiversidad.

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De estos puntos, los más disputados serían los referentes al Estado Social y Democrático de Derecho que la centro-izquierda considera incompatible con la subsidiaridad, impuesta por la Constitución dictatorial, durante el gobierno de Augusto Pinochet, en 1980. Por otra parte, el equilibrio de los tres poderes del Estado, sería de los puntos controversiales ante el dominio del Ejecutivo “monárquico” chileno.

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El sistema para elegir los 50 miembros del Consejo Constitucional es igual al del Senado, es decir, resucita el sistema binominal en varias circunscripciones extremas, (Arica, Parinacota, Atacama, Aysén y Magallanes), en todas estas regiones el duopolio electoral volverá en gloria y majestad.

La “Comisión de Expertos” fue nominada, doce de ellos por la Cámara de Diputados y los otros 12, por el Senado. Es lógico que el predominio de la “dedocracia” haya favorecido a la derecha política, y la elección tanto de la presidenta como la del vicepresidente haya recaído, por unanimidad, en Verónica Undurraga, militante del PPD, y de Sebastián Soto, del Partido  Evópoli; de las cuatro presidencias de las comisiones, tres de ellas pertenecen a Partidos de derecha; en el caso de la Comisión de Admisibilidad, la presidencia haya recayó en Ana María García, de Evópoli, y en la vicepresidencia, en Claudio Grossman, del PPD.

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Las Comisiones del “Comité de Expertos” confirman a la perfección que el Congreso, (una de las Instituciones más desprestigiadas de Chile, según las encuestas de opinión), ha demostrado una gran capacidad para llevar a cabo el imperio de la “dedocracia”, homogenizado por el Senado, que no sólo se resiste a perder su poder, sino que también a conservarlo, a través de un largo período histórico.

La dirección de la subcomisión del Sistema Político será presidida por ex ministro de Piñera, Juan José Ossa, e integrada por Sebastián Soto, Francisco Soto, Gabriel Osorio, Antonia Rivas y Natalia González. Esta Comisión será la más importante, pues tendrá que hacerse cargo de la  llamada “sala de máquinas”, es decir, del Régimen Político, restando los hiper-poderes monárquicos que, actualmente, detenta el Ejecutivo.

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La Comisión de Función Jurisdiccional estará presidida por la derechista Catalina Salem. La de Derechos Civiles  y Políticos, por Máximo Pavez. La de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, por la ex ministra democratacristiana, Alejandra Krauss.

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La elección de Consejeros Constitucionales normalmente reproducirá la composición del actual Senado, y el voto obligatorio que rigió para el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022, volvería a favorecer a la derecha, reproduciendo el actual sistema político. Los nuevos electores, que sólo han votado una vez, (en septiembre del 2022), repetirán el voto favorable a la derecha, pues la mayoría de estos ciudadanos son lejanos de la política, y favorables al statu quo conservador y, fundamentalmente, anti político.

De aprobarse esta nueva Constitución, a fines del presente año, Chile habrá avanzado muy poco respecto a Constituciones anteriores, (1833, 1925, 1980, sumado a las reformas a la última Constitución, durante el gobierno de Ricardo Lagos, en 2005). Lo nuevo sería la restauración de la clase política, cuyo pináculo es el Senado.

Por Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

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07/03/2023

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Historiador y cronista

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  1. Felipe Portales says:

    Y a todas las características antidemocráticas tan bien reseñadas reseñadas en el artículo -y que de por sí le quitan toda legitimidad al «proceso constituyente»- hay que agregarle otra que además ha sido «convenientemente» ocultada. Este es, que el anteproyecto elaborado por los «expertos» sólo podrá ser modificado por el 60% del «Consejo Constitucional»…

  2. Gino Vallega says:

    Quien es el»Guzmán» de esta nueva-vieja constitución del 80? El «colonia dignidad» LarraÍn? Los demás expertos parecen menesterosos a su lado.

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