Crimen organizado en Chile: implicaciones políticas y económicas

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 22 segundos

El tema del crimen organizado en Chile es un campo de estudio sumamente particular y complejo. A pesar de los considerables esfuerzos de los gobiernos de los países de la región, no existe una estabilidad total, especialmente en términos de seguridad y protección de los países contra formas de delincuencia organizada. Todos los países de la región han enfrentado muchos desafíos. Los aspectos principales del crimen organizado son el comercio de drogas, armas, instrumentos y productos ilegales. La existencia del crimen organizado de países vecinos está acarreando una arista que el presidente Gabriel Boric no contempló en su agenda inicial de gobierno.

A pesar de los esfuerzos en materia de seguridad, el aumento de actos delictivos con connotaciones sociales puede tener consecuencias políticas y económicas que dificulten el mantenimiento de la seguridad. Lugares de Chile que alguna vez estuvieron tranquilos, hoy están experimentando problemas de seguridad, como Chillán y las imágenes en vídeo de tres venezolanos en una camioneta amenazando con matar a otras pandillas del sector, el sicario colombiano de 14 años que asesinó a otro en La Florida o los robos de celulares por repartidores venezolanos de delivery. Y así suma y sigue. Bandas nacionales y extranjeras luchan y exaltan valores de competencia, codicia, dinero fácil, etcétera, valores derivados de más de cuarenta años de neoliberalismo en Chile.

Es probable que estos eventos sigan ocurriendo hasta que lleguen a un punto en que el todo puede explotar. ¿De qué manera? A través de las manifestaciones ciudadanas como por ejemplo en el norte cuando migrantes irregulares se apiñaron en carpas en Iquique a principios de este año. Los insultos, golpes de ambos lados y odio entre las partes crean una división entre nacionales y extranjeros difícilmente conciliable por el momento. Al menos en el gobierno de Gabriel Boric, al parecer, no se observa este fenómeno de dificultades de convivencia.

Añádase a lo anterior, hechos delictivos aparecidos en la prensa que repiten un patrón: delincuentes extranjeros (sobre todo venezolanos y colombianos) cometiendo delitos de fuerte connotación social en Chile. Lamentablemente, este tipo de hechos aparecen repetidamente en televisión, y han configurado una narrativa inquietante convertida entre la población local: “los extranjeros vienen a “adueñarse” de los espacios públicos y además son delincuentes”, un caldo de cultivo no sólo para la xenofobia, sino para la politización de este problema.  El Estado chileno, como país reactivo, siempre llegando tarde a las contingencias, se enfrentará con fenómenos violentos xenófobos y nacionalistas si no aborda este tema en su complejidad. Del miedo al odio hay un solo paso y es una bomba de tiempo.

Obviamente no todos los extranjeros en Chile son delincuentes; hay gente que viene a trabajar legalmente, pero la simplicidad del discurso genera miedos y sentido de sociabilidad a través de él.  Otros elementos también están asociados con este problema: falta de integración, acceso deficiente a vivienda y trabajos con salarios mínimos (¿trabajo en delivery?). Todo esto revela que el Estado chileno presenta una legislación insuficiente, aunque después del “estallido social” y la pandemia hay una falta de respeto por el Estado de derecho, mala vigilancia de las fronteras e instituciones nacionales débiles. Esto convierte a Chile en un imán para los delincuentes y ofrece la posibilidad de extender sus actividades más allá de las fronteras, gracias a lo cual prospera el crimen organizado.

Casi cuatro décadas de ausencia total del Estado, con un mercado absolutamente desregulado y violento, están causando estragos en Chile. Porque la precariedad no sólo para los extranjeros, también para los nacionales que cada vez se encuentran más restringidos coartadas en sus necesidades materiales básicas. No es posible que nuestros compatriotas se suiciden en el Metro o Malls o intenten hacerlo por el abandono total del Estado. O que compatriotas y extranjeros cada vez recurran a las “tomas de terreno” para habitar. Es indignante y triste. El plan económico inicial del gobierno de Gabriel Boric es incompatible con la visión del ministro Mario Marcel. Con él es imposible establecer una política económica orientada hacia la redistribución e industrialización que necesita nuestro país. La agudización de un tipo mercado neoliberal autoritario y desregulado generará más problemas.

Fabián Bustamante Olguín

Síguenos:

1

0

20