La formalización de Juan Godoy y una conducta que se repite

Tiempo de lectura aprox: 6 minutos, 39 segundos

La corrupción, es decir el desvío de recursos públicos para fines particulares, fue encabezada en el régimen militar por el dictador en persona, por decenas de millones de dólares, rompiendo con aquella imagen de que Chile no era un país corrupto. Con la recuperación de la democracia, y en medio de una mayor transparencia y control, se produjeron también tempranos episodios de corrupción, como uno grave en Codelco y otros de menor monta en la Onemi, la refinería de Concón y otros lugares. Siguieron casos como el del caballo regalado al ministro Hermosilla, el de la Tarjeta Joven, el de MOP-GATE, el de las plantas de revisión técnica o el caso Inverlink, y luego los repetidos conflictos de interés de Piñera. Esto fue llevando, en buena hora, a un escrutinio público cada vez mayor. Se fue aplicando el principio según el cual, si bien nadie puede garantizar que no haya quienes incurran en conductas corruptas, si se debe prevenir y perseguir en toda circunstancia este delito, que socava la moral pública y la confianza ciudadana en las instituciones.  Esto supone, en especial, minimizar las oportunidades de corrupción y construir sistemáticas matrices de riesgo en la materia por las auditorías internas y externas.

El nudo más importante ha sido y sigue siendo el financiamiento ilegal de campañas y partidos políticos. Este tipo de delito prácticamente no existía hasta 2003 en Chile, pues los partidos no eran sujetos de derecho público y campeaba el financiamiento empresarial de la política sin prohibiciones, con una evidente inequidad en favor de la derecha y de algunos mundos de la política en tanto fueran influyentes. Hoy tiene en los casos de aportes empresariales ilegales de Penta, BCI y SQM los mayores emblemas de una conducta inaceptable. Las legislaciones anticorrupción de 2003, 2018 y 2023 han sido avances importantes, aún imperfectos, para evitar la influencia del dinero en las decisiones públicas y las legislaciones. Esta se ha observado de manera privilegiada cuando se ha tratado de legislar  sobre los impuestos a los más ricos, sobre la regulación y tributación de la minería privada y sobre la concentración económica y las conductas anti-competitivas, legislaciones aún muy atrasadas en Chile, lo que evidencia la magnitud del poder oligárquico. El caso de la ley de pesca de 2013 es el paradigma de una ley corrupta, intervenida por los intereses empresariales desde el gobierno  de Piñera y su ministro UDI Longueira y desde el Congreso con los parlamentarios UDI Orpis y Van Rysselberghe, ley que mantiene hasta hoy la sobreexplotación del recurso y el colapso de varias pesquerías. El segundo nudo principal de la corrupción son los contratos de adquisiciones de bienes y de prestación de servicios públicos. Los casos más sonados son los de la Defensa Nacional, con graves casos en la compra de aviones y naves, y muchos otros casos en los que interviene la ley de compras públicas y los contratos fraccionados de asignación directa, especialmente en el ámbito municipal. Allí, los contratos de recolección de basura, mantención de áreas verdes y de luminaria pública y manejo de cuentas corrientes llevan la delantera en materia de sospechas de corrupción. El tercer nudo es el uso indebido de gastos reservados, que tiene a varios ex comandantes en jefe del Ejército y directores generales de Carabineros respondiendo ante la justicia.

La corrupción, desgraciadamente, se ha extendido en Chile a demasiados ámbitos, incluso bajo nuevas formas como las de las transferencias injustificadas a fundaciones privadas. Por ello en diciembre de 2023 se estableció por el actual gobierno la “Estrategia Nacional de Integridad Pública”, que cuenta con diversas medidas que apuntan a mejorar los estándares de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. Esto incluye una ley de “integridad municipal”, en tramitación en el Congreso.

Entre tanto, se mantienen múltiples juicios contra autoridades municipales. El Consejo de Defensa del Estado ha presentado querellas en el 40% de las comunas del país. Unos 32 alcaldes habían sido imputados hasta el año 2023. La prisión preventiva ha incluido a alcaldes emblemáticos como Raúl Torrealba, de RN,  y Miguel Ángel Aguilera, del PS, exvicepresidente de ese partido en varios períodos. El PS sumó la semana pasada la formalización del alcalde Juan Godoy de Rancagua, hasta hace poco miembro de su comité central, electo en los últimos comicios internos. El expediente de la Fiscalía Regional suma casi 8 mil páginas, en el que se busca probar la existencia de una red de corrupción organizada. El edil rancagüino fue formalizado por fraude al fisco, malversación de fondos públicos, cohecho y soborno, delitos que presuntamente se extendieron desde 2021 hasta 2023.

Esto lleva a preguntarse por la actitud de ese partido frente a los casos de corrupción local en sus filas, luego de que el actual alcalde de San Bernardo fuera confirmado como candidato único oficialista. De acuerdo a CIPER, “a inicios de 2022 la Municipalidad de San Bernardo firmó un contrato con Gestión Global por asesorías financieras, a pesar de que el director de control municipal advirtió que era ilegal. Ahora, la Contraloría ordenó rescindir el contrato. Se trata del mismo tipo de asesorías relacionadas con las cuentas corrientes municipales que investiga la Fiscalía de Ñuble, indagatoria que ya suma dos alcaldes procesados. Uno de esos jefes comunales, al igual que el dueño de Gestión Global, están en prisión preventiva”. El negocio consiste en que Gestión Global asesora a una municipalidad en la contratación de servicios financieros con un banco. Como pago, la empresa obtiene una parte de los intereses que se generan por la mantención de las cuentas corrientes municipales. En el caso de la Municipalidad de San Bernardo, los tratos con Gestión Global comenzaron en 2021. Fue obligada por la Contraloría General de la República a poner fin al contrato en la materia. Un informe de la misma entidad sobre la gestión del alcalde en la Corporación de San Bernardo arroja un elevado déficit y un aumento de deudas previsionales. ¿Se está estirando la cuerda, tal vez, hasta que el caso reviente,  en vez de tomar la decisión más sana para la colectividad de no apoyar a quienes realizan gestiones administrativamente cuestionadas y bajo sospecha?

¿Qué pasó con el partido que durante la Unidad Popular enarboló la conocida frase de que “podremos meter las patas, pero jamás las manos”?

En 1973, la dirección del PS, encabezada por Carlos Altamirano, resolvió no llevar a la reelección por la 24° Agrupación Departamental, correspondiente a lo que hoy sería parte de la región de Los Lagos, al diputado en ejercicio Luis Espinoza Villalobos. Hace poco, una investigación periodística de CIPER señaló que el entonces diputado encabezó una toma de pobladores en terrenos de la Sociedad Ganadera Aysén en 1969. Hubo una promesa de compraventa entre esta sociedad y el diputado, que la empresa a la postre intentó no hacer efectiva luego del golpe de Estado y presentó el caso a la justicia para deshacer la transacción. El parlamentario, padre del actual senador Fidel Espinoza, fue ejecutado en medio de la furia golpista el 2 de diciembre de 1973 por personal de Carabineros y de la Fuerza Aérea, como está relatado en el libro Historias, Memoria Rural y Futuro: A 50 años del Golpe de Estado. Esos terrenos finalmente quedaron en manos de la familia Espinoza. Un cambio, años más tarde, del régimen de uso del suelo disparó su precio hasta un avalúo de más de $ 30 mil millones.

No se sabe si hay un vínculo entre la drástica decisión del PS en 1973 para no repostular al legislador Espinoza y la transacción descrita. Lo que sí relatan algunos de los sobrevivientes de la tragedia del golpe como Jorge Arrate, quien en la presentación del libro Vencidos señaló que no dio resultados “el esfuerzo de la dictadura militar por involucrar a los protagonistas del gobierno de Allende en hechos de corrupción, a pesar de su absoluto control de la policía, la judicatura y la prensa. Ningún alto dirigente de la Unidad Popular fue condenado por coimas, tráfico de influencias, soborno o enriquecimiento ilícito. Y créanme, los militares no escatimaron esfuerzo ni recursos para las investigaciones”.

Algunos conocedores y protagonistas de la transición sostienen que en el caso del PS hubo casos acotados de conductas indebidas que crecieron al alero del clientelismo interno, que toleró, como le sucedió a José Miguel Insulza desde que era presidente del regional metropolitano del PS a inicios de los años 90’, a grupos ajenos a la lucha contra la dictadura con la nueva oleada de inscritos de San Ramón que tan bien representó Miguel Ángel Aguilera, vicepresidente del PS al momento en que estallara su caso.  No debemos pasar por alto que Aguilera se había fijado como objetivo ocupar la testera del PS antes de caer en desgracia. A través de esos liderazgos clientelares se fue consolidando una militancia ajena a la historia del PS. La militancia más antigua empezó, en parte, a no participar ni a votar.

Una segunda variable de la deformación de la que fue objeto la colectividad fue la entronización de parlamentarios clientelares a la usanza de las oligarquías del siglo XIX (“brokers”, en el lenguaje del sociólogo Samuel Valenzuela),   que negocian cuotas de acceso a los recursos públicos en regiones para mantener clientelas electorales. Este fenómeno lo ejemplificó el ex senador por O’Higgins Juan Pablo Letelier. Fue electo diputado a los 28 años por el antiguo distrito 33 de la región de O’Higgins y desde un comienzo se destacó por la creación de redes clientelares mediante su vínculo con los gobiernos de la época. Se destacó rápidamente en el manejo de las claves para preservar el poder y creo una red transversal que traspasó, incluso, a la Concertación.

Fue el hombre por quien Camilo Escalona puso las manos al fuego en 2002, cuando estalló el caso de las plantas de revisión técnica, que le llevó a la prisión preventiva por un tiempo y su posterior absolución por la Corte Suprema. Desde mi óptica fue un actor clave en generar en O’Higgins un cierto clima de inimputabilidad, cuyo fin hoy comienzan a pagar algunos, y que le ha hecho un tremendo daño a la fe pública. Generó en los nuevos liderazgos que crecían al alero de su sombra esa sensación de intocabilidad, que personajes como los ex alcaldes de Rancagua Eduardo Soto y Juan Godoy tan bien representaron, y que, además, tiene a dos ex ediles de San Fernando, Juan Paulo Molina y Luis Berwart, presos y varios más objeto de indagatorias e investigaciones.

Me relataba este fin de semana un antiguo funcionario municipal de la capital regional que ellos están pagando los platos rotos del proceder de los dos últimos dos ediles. Me describió que la semana pasada llego a su oficina un personaje que quería que le habilitarán un permiso para un negocio en un lugar imposible legalmente. Cuando el trabajador del municipio de Rancagua le señaló que eso “no se podía”, su interlocutor sentenció “¿de cuánto estamos hablando?”, queriendo referir que a cuánto ascendía la coima por el permiso. El funcionario estuvo a punto de pegarle expulsándolo de su oficina, mientras el audaz vecino gritaba a los cuatro vientos “si están robando los de arriba (los alcaldes) es imposible que no roben los de abajo”.

Este ejemplo es un anticipo de lo que puede venirse si las instituciones políticas que, se supone, hacen la selección y el filtro, continúan avalando, por sus indefiniciones, la instalación de la corrupción.  Ya son varios los alcaldes socialistas imputados y/o formalizados. La lista, tal vez, siga creciendo y será inexplicable suspenderlos cuando la sangre haya llegado al río.

La colectividad ya nonagenaria camina hacia su centenario. Tal vez sería una excelente noticia que, en ese tránsito, recuperara parte de esa dignidad cuyo heroísmo y capacidad de resistencia en dictadura posibilitó el rol que luego desempeñó en la recuperación de la democracia. Nunca es tarde.

Edison Ortiz

Síguenos:

1

0

20