¿Honduras, un narco-estado sin justicia?

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Entre el 15 de abril y el 15 de mayo se está realizado la 79° sesión del Comité contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT). Durante la semana pasada fue Honduras que tuvo que rendir cuenta a los expertos de la ONU. Varias organizaciones pudieron presentarse y traer preciosas informaciones en sus informes alternativos: entre otras, El Clarín de Chile pudo encontrarse con Esther Salinas del Centro Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Victimas de la Tortura y sus Familiares (C.P.T.R.T.); Carlos Paz de Cáritas, Junior Zuñiga del Bufete Justicia para los Pueblos y Olga Guzmán de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

El informe alternativo presentado por las organizaciones cubre un periodo de 7 años, entre 2017 y 2024, de por ende es muy denso y profundo. A través de una lectura detallada y escuchando los testimonios de E. Salinas, J. Zuñiga y C. Paz, se puede rápidamente entender de cómo estos años no han permitido al Estado hondureño de salir de la violencia heredadas de años de dictadura y corrupción.

“El gobierno hondureño, a pesar del cambio de presidencia, sigue operando como un “narco-estado”: en este mismo, el poder legislativo y judicial trabajan bajo la dirección del poder ejecutivo”, nos comenta Carlos Paz de Cáritas.

Para “proteger la población” de la violencia y del narcotráfico, el gobierno de Xiomara Castro mantiene vigente desde hace más de 15 meses un estado de emergencia que otorga a la policía nacional y a la policía militar poderes para implementar detenciones y allanamientos sin órdenes judiciales.

¿La razón? La extensión del estado de emergencia se basa en la necesidad urgente de salvaguardar la seguridad y el orden público. Honduras tenía la segunda tasa de homicidios más alta de la región y las pandillas estaban desplazando a las personas de sus hogares. La situación ha mejorado durante el estado de emergencia: se han desmantelado más de 400 bandas y la tasa de homicidios ha disminuido un 10 % desde 2021. El gobierno espera poder poner fin pronto al estado de emergencia.

En el mientras, entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, como enunciado en el informe alternativo, un año después de la entrada en vigor del estado de excepción, ocurrieron 48 masacres y 220 personas fallecieron en homicidios múltiples (en el total de homicidios en Honduras 380 son mujeres); el flagelo de la extorsión y el narcotráfico continúan operando, sin que hasta la fecha se conozca una política pública en materia de seguridad que haga posible alcanzar la propuesta plasmada en el Plan de Gobierno de la actual Presidenta Xiomara Castro, supuestamente encaminada a la desmilitarización.

Al respecto de esto, Claude Heller, correlator para el país y presidente de la CAT, dijo que el Comité estaba preocupado por el uso recurrente del estado de emergencia, que se había renovado 10 veces desde 2023 y se había extendido a los 18 departamentos del país. Heller citó denuncias de actos de tortura en varias comisarías del país, entre ellos descargas eléctricas, extracción de clavos, quemaduras de segundo y tercer grado debidas a la exposición de los detenidos al sol, la obligación de dormir desnudos sobre en el suelo y palizas por la noche. Según informes, ocho de cada diez detenidos sufrieron violaciones de sus derechos fundamentales.

Al final, lo único por lo cual sirvió el Estado de Excepción fue de justificar el “superpoder” militar hacia la sociedad civil. Las principales víctimas de este mecanismo no son los narcotraficantes, como presenta el gobierno, sino que los jóvenes de los barrios pobres, encarcelado unas pocas veces, torturados y desaparecidos, lo más a menudo.

El 31 de mayo de 2022 Caritas y CONAPREV acompañaron a los familiares de Wilson Ariel Pérez quien fue asesinado en un supuesto enfrentamiento con miembros de la Fuerza Anti-Maras y Pandillas. La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras instó al Estado de Honduras a la realización de una investigación pronta, exhaustiva e independiente; por su parte el profesional de la Medicina Forense manifestó que Wilson Pérez no murió en enfrentamiento sino fue víctima de una paliza de sus captores, la víctima según el experto murió de hipoxia cerebral mientras recibía la paliza.

De acuerdo con los casos conocidos desde el C.P.T.R.T en el periodo comprendido del año 2017 a la actualidad (2024) de personas víctimas por parte de Fuerzas de Seguridad del Estado y que han tenido que desplazarse de sus comunidades, se evidencia que las víctimas y sus familiares son perseguidos, torturados, amenazados, extorsionados y han sido víctimas de implantación de evidencia afectándoles sus posibilidades de poder salir adelante y vivir en tranquilidad. Las victimas que han enunciado sufren persecución por parte de funcionarios encargados de la seguridad ciudadana, en particular de: Dirección Policial de Investigación (DPI), Policía Nacional, Fuerza Nacional Anti-Maras y Pandillas (FNAMP), Dirección Nacional Antimaras y Pandillas (DIPAMPCO). Identificamos a la Policía Nacional y a la Dirección Nacional Antimaras y Pandillas como principales fuerzas de seguridad en incurrir en estas prácticas lesivas.

Las personas defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente en Honduras viven bajo la amenaza y el temor a ser asesinadas, detenidas, desaparecidas, torturadas, desplazadas, amenazadas y judicializadas arbitrariamente. Los familiares y seres queridos de las personas defensoras que han sido asesinadas en el marco de su labor de defensa al derecho a tierra, territorio y medio ambiente, continúan esperando que se haga justicia y en la mayoría de los casos la impunidad asciende a más de un 90%, lo que significa que el Estado hondureño no ha hecho lo suficiente por proteger la vida ni el acceso a la justicia de los defensores.

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